Durante la pasada década ha habido un fuerte aumento de las inversiones mineras por parte de compañías mineras transnacionales en Guatemala. El primer gran proyecto minero, la mina de oro Marlin en San Marcos (propiedad de Goldcorp Inc. de Canadá y operada por la compañía Montana Exploradora de Guatemala), ha generado mucha controversia entre las comunidades indígenas Mayas afectadas por él. Este estudio del conflicto que rodea a la mina Marlin analiza los impactos económicos, ambientales y sociales de la minería y describe cómo estas comunidades han reaccionado para defender sus intereses.
Las adquisiciones de tierras para la construcción de la mina han afectado directamente la existencia de las familias en las comunidades adyacentes a la mina, por la disminución del acceso a la tierra y del control sobre ella. Por otra parte, estas adquisiciones debilitan la integridad territorial de las comunidades más grandes de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Cinco años después de las transacciones de tierras (muchas de las cuales tuvieron lugar como resultado de coerción y la intimidación de los posesionarios por la compañía) resulta claro que el empleo temporal o de medio tiempo en la minería no compensa las pérdidas sufridas.
La discordia entre los proponentes y opositores de la minería, que ha sido manipulada activamente por Montana, está dividiendo a las comunidades y ha creado un ambiente de miedo y desconfianza, llevando a serios problemas de gobernabilidad, especialmente en San Miguel Ixtahuacán. En Sipacapa, la compañía, a través de la Fundación Sierra Madre, está minando los esfuerzos comunitarios para crear un programa alternativo de desarrollo.
Donde el Gobierno falló en su obligación de informar y consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos mineros, Sipacapa y otras comunidades han organizado sus propios referendos populares o consultas comunitarias para pronunciarse en contra de la exploración y explotación de minerales en sus territorios, haciendo para ello uso de los recursos legales de que disponen (el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT[1]).
En Sipacapa, la vinculación de la comunidad a la resistencia contra la minería ha resultado en el aumento de la participación en el gobierno local y en la creación de una nueva estructura comunitaria para el desarrollo participativo. Grupos de miembros comunitarios han comenzado a priorizar y desarrollar proyectos agrícolas sostenibles, como una alternativa explícita al desarrollo basado en la minería a gran escala.
En San Miguel Ixtahuacán, las comunidades que protestaban contra el proyecto minero decidieron darle nueva vida a su estructura de autoridad indígena tradicional, la alcaldía del pueblo, como contrapeso al autocrático gobierno municipal que está a favor de la minería.
Recientemente, las comunidades en resistencia han tomado en sus propias manos su representación ante el Gobierno y las compañías, con la creación del Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), que está creciendo rápidamente y funciona como una plataforma regional para la coordinación de la resistencia contra el “desarrollo”.
Las comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros se encuentran de un momento a otro en el centro de un campo político transnacional, que envuelve a una multitud de actores: las compañías multinacionales, los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo, las organizaciones de los pueblos indígenas, las instituciones académicas y de investigación y varias agencias internacionales. Las comunidades indígenas y sus aliados se movilizan en un contexto que está caracterizado por relaciones de poder asimétricas, posiciones políticas atrincheradas y lo más importante una ausencia de diálogo.
Examinando el conflicto minero en Guatemala, enfocado especialmente en dos casos locales (en San Marcos y en menor grado, en Izabal), este informe pretende describir la manera como este complejo contexto está dándole forma a los intentos de estas comunidades para hacerse al control de su propio desarrollo, y apunta a algunos puntos de partida para asistirlas en la superación de grandes desafíos.
En un esfuerzo por atraer el capital extranjero y darle un nuevo impulso a la economía guatemalteca, el gobierno de Álvaro Arzú decidió privatizar el sector energético y promulgar la nueva Ley de Minería, medidas que, como en otras partes de Latinoamérica, fueron implementadas dentro del marco de los Programas de Reajuste Estructural, de tinte neoliberal, impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Los incentivos más importantes de la Ley de Minería (Decreto 48-97) consisten en reducir el porcentaje de regalías correspondientes a los ingresos brutos que percibe el Estado, del 6 al 1% , y permitirles a las empresas extranjeras adquirir la propiedad total (100%) de las empresas mineras, siendo exentas al mismo tiempo del pago de varios impuestos, entre otros sobre el uso del agua y la maquinaria importada (PDH 2005: 15; Solano 2005; López 2007).
La Ley de Minería de 1997 fue aprobada rápidamente por el Congreso bajo presión de las compañías transnacionales mineras y sin que los ciudadanos hubieran sido consultados al respecto, como lo prescribe la Constitución Política
Una de las primeras empresas que respondió a la nueva legislación minera fue la compañía canadiense Montana Gold, que creó en 1998 su propia compañía subsidiaria de propiedad total, la Montana Exploradora de Guatemala. Esta empresa obtuvo en 1999 del Gobierno guatemalteco una licencia de exploración para el “área Marlin”, situada en el departamento de San Marcos (municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa), en la que se había descubierto una veta de Mineral de oro y plata.
La mina Marlin, productora de oro y plata, está ubicada en el norte del departamento de San Marcos, en el Altiplano Occidental de Guatemala – a 25 kilómetros del suroccidente de Huehuetenango y a 35 kilómetros del nororiente de San Marcos, en línea recta. Se sitúa en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, a una distancia de aproximadamente 300 kilómetros de la Ciudad de Guatemala por carretera. La mina está en una remota región montañosa, a una altitud de aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar, con una estación húmeda y otra seca, ambas muy bien marcadas.
El resurgimiento de la actividad minera en las áreas habitadas por los pueblos indígenas en Guatemala ha causado grandes problemas en términos de conflictos sociales y degradación del medio ambiente.
Debido a la deficiente legislación y a la débil capacidad institucional del gobierno, así como a la falta de participación ciudadana en la toma de decisión sobre los proyectos mineros, muchas comunidades indígenas vulnerables, que continúan siendo discriminadas y marginadas por la sociedad dominante, corren el riesgo de convertirse en víctimas de estos nuevos y rápidos desarrollos.
Los recursos naturales de que dependen para su subsistencia y supervivencia les están siendo arrebatados o están siendo gravemente afectados, mientras se les impone un modelo de desarrollo sin su consentimiento.
Mineria En Guatemala 